En medio de la profunda crisis que afecta a la cuenca del Golfo San Jorge, las indemnizaciones por acuerdos de desvinculación se han convertido en una suerte de dique de contención temporal.
Estos acuerdos, que en muchos casos superan en un 20% los montos habituales de indemnización, están funcionando como una válvula de escape que difiere —pero no elimina— el impacto social del ajuste petrolero.
En Santa Cruz norte, se estiman indemnizaciones promedio de $90 millonespor trabajador. En Chubut, abogados especializados hablan de cifras que oscilan entre los $100 y los $500 millones, dependiendo del rol, la antigüedad y la jerarquía del empleado desvinculado.
La crisis que afronta el sector abre un futuro incierto para miles de familias de Chubut y Santa Cruz.
Archivo ADNSUR
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Obviamente, en esos valores hay extremos vinculados a la función y al encuadre de los operarios. Mientras que un jefe de equipo con décadas de experiencia puede acercarse al medio millón de dólares, los operarios menos calificados acceden a montos más bajos, pero aun así significativos en el contexto regional.
Aunque este dinero está sirviendo de contención inicial, el interrogante que se instala con fuerza en Comodoro Rivadavia y las localidades aledañas es: ¿cómo evitar que estas indemnizaciones terminen diluyéndose, sin dejar desarrollo ni futuro?
Capacitar para el nuevo escenario
El economista Alejandro Jones, del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, propone cambiar el enfoque. Según explica, el nuevo escenario laboral -más fragmentado y menos dependiente de grandes contratistas- podría dar lugar al surgimiento de una nueva matriz productiva basada en microempresas.
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“La forma de contratación que se viene va a favorecer estructuras más chicas, más ágiles. Un pequeño emprendimiento familiar, como un padre e hijo con un camión, tendrá más chances de adaptarse al nuevo modelo que una pyme tradicional”, sostiene Jones.
Sin embargo, el economista advierte que esta transformación no puede dejarse librada al azar.
“Ya lo vivimos en los ‘90: se repartieron indemnizaciones importantes, se abrieron negocios sin planificación y en menos de tres años la mayoría cerró. No alcanza con soltar plata y desear suerte”, enfatiza.
Jones plantea la necesidad de un programa integral de reconversión productiva que incluya capacitación en gestión empresarial, contabilidad, negociación de contratos y planificación financiera. En su visión, transformar a un técnico calificado en un empresario requiere mucho más que una suma de dinero: necesita herramientas concretas y acompañamiento sostenido.
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También alerta sobre los riesgos de propuestas engañosas en tiempos de desesperación. “En contextos críticos aparecen los oportunistas. Es clave que la capacitación sea seria, adaptada a la realidad local, y que se evite empujar a los desvinculados hacia la especulación financiera sin conocimientos”, advierte.
La pregunta de fondo es si esta ola de indemnizaciones puede canalizarse hacia un proceso de reconversión regional real, o si será apenas un respiro antes del colapso.
El desafío es urgente: convertir el impacto de la crisis en una oportunidad para redefinir el modelo económico del Golfo San Jorge, apostando a la diversificación y al fortalecimiento del tejido productivo local. Para eso, sostiene Jones, es vital que el sector público y el privado se comprometan en esa meta.