El programa Devolución del IVA, que busca aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables en Colombia, sufrirá modificaciones en 2025. Según informó el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el subsidio continuará vigente, pero estará enfocado de manera exclusiva en los hogares en situación de pobreza extrema y se priorizará a aquellos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV.
Además, los beneficiarios serán identificados por medio del Registro Social de Hogares y el sistema Sisbén, lo que garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. El anuncio se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios que afectarán diversos programas sociales en el país.
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De acuerdo con el director del DPS, Gustavo Bolívar, el presupuesto disponible para 2025 no permitirá mantener el mismo nivel de cobertura de años anteriores. Bolívar explicó: “Al hacer un recorte, no puedo pagar todo lo que estaba estimado. El presupuesto que encontré decía que íbamos a pagar tantos ciclos de Colombia Mayor, tantos ciclos de Renta Ciudadana, tantos ciclos de Devolución del IVA”. Este ajuste presupuestario generó incertidumbre entre millones de colombianos que dependen de estos subsidios para cubrir necesidades básicas.
Ante las dudas de los ciudadanos sobre su inclusión en el programa Devolución del IVA, el DPS habilitó un portal en línea para facilitar la consulta. Los interesados deben hacer lo siguiente:
- Ingresar al enlace oficial: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ .
- Una vez en el sitio, encontrarán un botón identificado como “consulte aquí si está registrado”.
- Al hacer clic, deberá completar un formulario con los datos solicitados para verificar si forman parte del listado de beneficiarios.
Dicho mecanismo busca simplificar el acceso a la información y garantizar que los ciudadanos puedan confirmar su estatus en el programa sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. Sin embargo, el DPS enfatizó que los criterios de selección se endurecieron y se priorizó a los hogares más vulnerables según los registros oficiales.
El DPS también anunció ajustes en los ciclos de pago y los montos asignados a los beneficiarios del programa Devolución del IVA. A partir de 2025, los pagos se harán en cuatro momentos del año, y las familias seleccionadas recibirán entre $90.000 y $100.000 por ciclo. El esquema busca optimizar la distribución de los recursos disponibles, aunque representa una reducción en comparación con las expectativas iniciales de cobertura.
Además, el enfoque en los hogares en pobreza extrema responde a la necesidad de maximizar el impacto del programa en un contexto de recursos limitados. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para garantizar que los subsidios lleguen a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
El anuncio de recortes no se limita al programa Devolución del IVA. Según informó el DPS, otros subsidios como Colombia Mayor y Renta Ciudadana también se verán afectados. Aunque no se especifican los detalles de los ajustes en estos programas, el director del DPS, Gustavo Bolívar, dejó claro que el presupuesto actual no permitirá cumplir con todos los ciclos de pago inicialmente previstos.
La situación generó preocupación entre los beneficiarios, que temen perder el apoyo económico que reciben por medio de estos programas. Los recortes reflejan las limitaciones fiscales del país y la necesidad de priorizar los recursos disponibles, pero también plantean desafíos significativos para las familias que dependen de estos subsidios para su sustento diario.
La decisión de enfocar los subsidios en los hogares más vulnerables plantea un desafío para el DPS en términos de equidad y transparencia. Es así que el uso del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares como herramientas de selección busca garantizar que los recursos lleguen a quienes en realidad los necesitan. Sin embargo, el enfoque también podría dejar fuera a familias que, aunque no cumplan con los criterios de pobreza extrema, enfrentan dificultades económicas muy importantes.
Así las cosas, el DPS deberá trabajar para asegurar que los procesos de selección sean claros y accesibles, minimizando el riesgo de exclusión de beneficiarios legítimos. Además, será fundamental mantener una comunicación efectiva con los ciudadanos para resolver dudas y evitar confusiones sobre los cambios en los programas sociales.