El Gobierno nacional resolvió ampliar los plazos para que las provincias puedan adherirse a un esquema de regularización de deudas con la Nación.
La decisión busca facilitar acuerdos en un contexto de tensiones fiscales y dar más margen para alcanzar consensos que permitan ordenar las cuentas entre ambos niveles del Estado.
La iniciativa se enmarca en el denominado “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, un mecanismo diseñado para que el Estado nacional y las provincias puedan compensar y regularizar las deudas que mantienen entre sí. A través de un decreto, la administración de Javier Milei dispuso extender el plazo de adhesión, que originalmente era de 30 días, y llevarlo a “un plazo de 60 días hábiles”.
El Gobierno nacional resolvió ampliar los plazos para que las provincias puedan adherirse a un esquema de regularización de deudas con la Nación
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De acuerdo con lo establecido, las jurisdicciones “podrán manifestar… su voluntad de participar del Régimen” dentro de este nuevo período. Además, se fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para la presentación de la documentación que respalde las obligaciones incluidas en el esquema.
El proceso contempla también la posibilidad de desacuerdos en los montos reclamados. En esos casos, se abre una instancia de negociación entre las partes que podrá extenderse por “un plazo máximo de 180 días hábiles administrativos”, con el objetivo de alcanzar una conciliación de cifras.
El propósito central del régimen es “extinguir total o parcialmente sus obligaciones”, es decir, cancelar deudas mediante compensaciones, y al mismo tiempo “facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”. En términos prácticos, se trata de establecer un mecanismo que permita ordenar la relación financiera entre Nación y provincias, promoviendo una mayor previsibilidad y confianza mutua en la gestión fiscal.
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El propósito central del régimen es “extinguir total o parcialmente sus obligaciones”, es decir, cancelar deudas mediante compensaciones, y al mismo tiempo “facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”
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Para ello, cada jurisdicción podrá incluir tanto las deudas que mantiene con el Estado nacional como aquellas que la Nación tenga pendientes con ella. A partir de allí, se buscará cruzar esos compromisos, negociar acuerdos y avanzar en su cancelación, siempre bajo la condición de acreditar la “legitimidad de las deudas” mediante la documentación correspondiente. De esta manera, se percibe como un paso hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos y un incentivo para que las provincias planifiquen sus finanzas de manera ordenada.
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Desde el Gobierno sintetizan la iniciativa como un intento de avanzar hacia “un borrón y cuenta nueva”, con la expectativa de que las provincias puedan reordenar sus finanzas y encarar una nueva etapa con mayor previsibilidad fiscal.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADSNSUR