El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, confirmó la reasignación de una partida presupuestaria de 300 millones de pesos destinada originalmente al municipio de Comodoro Rivadavia en 2024, la cual no tuvo ejecución por parte de la administración local. Estos recursos se volcarán de manera inmediata a la realización de un estudio de ingeniería integral orientado a la estabilización del cerro Hermitte, específicamente en la zona que comprende al barrio Médanos.
El objetivo central de esta intervención radica en la necesidad de contar con bases científicas y técnicas que permitan desarrollar un plan de acción preventivo. El sector, ubicado sobre una de las laderas del desmoronamiento, presenta condiciones de equilibrio precario que preocupan a los especialistas y a la comunidad. Ante la inminencia de las temporadas de lluvia, que suelen agravar la infiltración de agua y la inestabilidad del suelo, la celeridad en la obtención de datos geológicos resulta determinante para evitar una catástrofe similar a la que afectó meses atrás a otras familias comodorenses.
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La empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) tendrá a su cargo la caracterización geotécnica, el análisis de estabilidad de las laderas y el modelado de diversos escenarios de riesgo. Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, este estudio definirá la viabilidad de obras de contención y permitirá tomar decisiones basadas en la seguridad física de los habitantes, dejando de lado la improvisación en el desarrollo urbano.
Avances en la reconstrucción y solución habitacional
En el marco de su agenda en la ciudad petrolera, el titular del Ejecutivo recorrió las instalaciones de la empresa que fabricará las 52 viviendas destinadas a los damnificados por el último derrumbe. Esta obra representa una inversión provincial que supera los 5.500 millones de pesos. El mandatario insistió en que los trabajos mantengan el ritmo previsto para que los vecinos afectados, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias y sus techos, puedan recuperar su hogar en el menor tiempo posible.
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“Pedimos la mayor celeridad posible en los trabajos para que, cuanto antes, los damnificados puedan contar con su vivienda”, expresó Torres durante la supervisión. Además, subrayó la importancia de la transparencia en este proceso, instando al Concejo Deliberante a conformar una Comisión de Seguimiento que audite la ejecución de subsidios, la adjudicación de créditos bancarios y la atención de las necesidades básicas de cada grupo familiar.
El apoyo provincial no se limita a la construcción de las unidades habitacionales, sino que incluye una inversión adicional de más de 650 millones de pesos para la dotación de servicios públicos básicos. Estos fondos se transfirieron a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para la ejecución de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica y alumbrado público LED en el nuevo loteo, garantizando que las familias cuenten con infraestructura digna desde el primer día.
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El reclamo por normativas de suelo más estrictas
Uno de los puntos más críticos del discurso oficial se centró en la responsabilidad política de las urbanizaciones en sectores de riesgo. El gobernador Torres solicitó formalmente a los concejales de Comodoro Rivadavia que avancen en una ordenanza que prohíba de forma taxativa cualquier tipo de construcción o urbanización en zonas identificadas como peligrosas por organismos técnicos como el SEGEMAR.
El mandatario recordó que informes especializados de hace más de dos décadas ya advertían sobre la inestabilidad del barrio Sismográfica, advertencias que gestiones anteriores ignoraron al permitir e incluso inaugurar obras públicas en el sector. “No puede volver a ocurrir lo que sucedió en el pasado, donde hubo dirigentes que llevaron servicios públicos a un sector donde muchos vecinos empezaron a construir su proyecto de familia y hoy no tienen nada”, enfatizó.
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Para el Gobierno del Chubut, la trazabilidad de los recursos y la rendición de cuentas por parte del Municipio resultan elementos innegociables en esta etapa de reconstrucción. La intención es cerrar el ciclo de precariedad habitacional en las laderas de los cerros, estableciendo un marco legal que impida futuros asentamientos que pongan en peligro la vida de los ciudadanos ante fenómenos geológicos o climáticos.