Cuando el Gobierno nacional respaldó sin matices la adjudicación de la provisión de tubos del gasoducto Vaca Muerta–Punta Colorada a la firma india Welspun —por sobre la empresa argentina Tenaris, del Grupo Techint— no solo se resolvió una licitación clave. Se abrió un debate profundo sobre el rumbo de la política industrial, la apertura comercial y el rol del Estado en el desarrollo de proyectos energéticos estratégicos.
Desde el entorno presidencial y los voceros de Southern Energy —el consorcio liderado por PAE que impulsa el proyecto de exportación de GNL— defendieron la decisión en base a un argumento central: “no vamos a pagar más caros los caños”, aseguraron desde Casa Rosada. La diferencia entre las propuestas fue determinante: USD 203 millones la oferta ganadora contra más de USD 290 millones de Tenaris.
Polémica en puerta: una empresa india desplazó a Techint en la provisión de caños para un nuevo gasoducto
El episodio expuso el giro ideológico del nuevo gobierno de Javier Milei, que promueve una apertura irrestricta de mercados como principio rector. “Se terminó el capitalismo de amigos”, afirmó el presidente desde Mar del Plata, apuntando sin nombrarlo directamente a Paolo Rocca, CEO de Techint. Su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue más explícito: “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”.
La reacción empresarial no tardó en llegar. Techint advirtió que podría presentar una denuncia por dumping, argumentando que Welspun usa chapa china subsidiada. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) intentó mediar sin confrontar: “Se trata de un conflicto entre privados, pero tiene consecuencias estratégicas”, dijo una fuente interna.
Javier Milei se metió en el debate por la licitación de caños para el proyecto de GNL y defendió a Southern Energy
El trasfondo es más amplio: ¿puede Argentina sostener una cadena de valor nacional en sectores clave como el energético si opta por adjudicar obras estratégicas al menor costo, sin considerar el origen de los insumos?
Qué está en juego: la obra, su proyección y el modelo que se impone
El gasoducto a Punta Colorada es una pieza central en el primer proyecto de GNL a gran escala del país. El consorcio Southern Energy —integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Golar y Harbour— busca licuar gas neuquino para exportarlo desde la costa rionegrina a partir de 2027. Para eso, necesita construir un ducto de 480 kilómetros y una planta compresora.
La decisión de adjudicar los caños a una empresa extranjera forma parte de un criterio general: agilidad, menores costos y garantías para el financiamiento externo. Fuentes del sector confirmaron que las próximas adjudicaciones —como la construcción del gasoducto en sí— seguirán el mismo camino: se presentaron al menos 10 empresas, incluyendo SACDE-Techint, BTU, Contreras-Bonatti, y compañías internacionales como Sichim (Italia) y Pumpco (EE.UU.).
De vender toallas al mercado energético global: Welspun, el gigante indio que desplazó a Techint en el megaproyecto de GNL desde Vaca Muerta
En paralelo, se abren interrogantes: ¿cómo garantizará el Gobierno que estas decisiones no deterioren aún más la ya golpeada estructura industrial nacional?
Inversión, empleo y reglas del juego
Desde el sector energético, la mayoría de los actores celebra el avance del proyecto, aunque con matices. “Es indispensable reducir costos si queremos que los proyectos sean viables frente a la competencia global”, dijo Leonardo De Lella, de Boston Consulting Group, en declaraciones recientes.
Pero desde el sector pyme y sindical hay preocupación. “Cada vez que se opta por importar lo que se produce acá, perdemos trabajo argentino”, señaló un referente gremial de la UOM en Campana. Y desde la Federación Argentina de Industriales Metalúrgicos (FAIMA) advirtieron que el país debe “defender su capacidad instalada si quiere insertarse con valor agregado en el mercado global”.
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Una fuente cercana a la Secretaría de Energía, consultada en off por este medio, fue contundente: “La industria nacional deberá adaptarse a competir. La prioridad ahora es atraer inversiones”.
Los antecedentes y lo que viene
Este caso sienta un precedente con impacto en el futuro de obras similares, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, la reversión del Gasoducto del Norte y el futuro segundo tramo de GNL. Si el Gobierno mantiene su postura, las licitaciones serán cada vez más abiertas al capital y proveedores internacionales, con menores exigencias de contenido local.
A su vez, el caso reaviva la discusión sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que prevé exenciones fiscales y facilidades para importaciones en proyectos de más de USD 200 millones. Varios de los proyectos energéticos clave —entre ellos, los liderados por YPF, Tecpetrol y Vista— se están encuadrando en ese régimen.