Según denunciaron desde las asociaciones gremiales que nuclean a los docentes, de acuerdo a lo que estipuló la ley, se les adeuda un 44% de aumento. “Ya es una deuda, no es un reclamo”, advierten.
BUENOS AIRES (NA).- Universidades nacionales realizarán hoy un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento que fue sancionada por el Congreso, al advertir que la norma sancionada debe hacerse efectiva “sin más demora”.
Los gremios docentes señalaron que la gestión del presidente Javier Milei debe garantizar el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), sostuvo que hasta el momento los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no se logró que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.
“Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó.
Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto, sostuvo que con la medida de fuerza se pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública.
“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.
A fines de octubre, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, al advertir que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos; en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.