Mientras la oligarquía celebra el aniversario patrio con desfiles y discursos vacíos en el centro de Lima, miles de peruanos y peruanas saldrán nuevamente a las calles este 28 de julio a exigir una verdadera transformación. Lo hicieron con la rabia acumulada de décadas de saqueo neoliberal, corrupción institucionalizada y represión sangrienta. La movilización popular —aunque silenciada por los grandes medios— expresa con fuerza que el pueblo no olvida ni perdona la masacre de Dina Boluarte ni el secuestro político del país a manos del Congreso más desprestigiado de nuestra historia reciente.
La situación política del Perú se encuentra marcada por una crisis orgánica del régimen nacido de la Constitución fujimorista de 1993. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo gozan de legitimidad alguna. Dina Boluarte, impuesta tras el golpe parlamentario del 7 de diciembre de 2022, encarna el continuismo más brutal: gobierna a sangre y fuego, entregando el país al capital transnacional y fortaleciendo el autoritarismo cívico-militar. El Congreso, por su parte, es un nido de reaccionarios, mercenarios y mafiosos que legislan al servicio de sus propios intereses, blindándose mutuamente mientras avanzan en la destrucción de derechos laborales, la privatización de servicios públicos y el despojo de territorios indígenas.
En este escenario, las elecciones generales del 2026 aparecen como una trampa tendida por el régimen para oxigenarse sin cambiar nada de fondo. Se habla de “renovación democrática”, pero lo que se cocina entre bambalinas es una recomposición de las élites para mantener intacto el modelo neoliberal. Ya suenan los nombres de viejos y nuevos oportunistas: tecnócratas reciclados, outsiders de laboratorio, empresarios “antisistema”, cómicos, gente de la farándula y hasta militares en retiro que se presentan como salvadores de la patria. Todos con un mismo objetivo: contener la rebelión popular y preservar la dictadura del capital.
En paralelo, el país se desangra bajo una ola de criminalidad creciente que golpea con más fuerza a los sectores populares. Ante la total inacción del gobierno frente al crimen organizado y las redes de extorsión que operan con impunidad en las calles, los gremios de transportistas han anunciado un Paro Nacional para el 24 y 25 de julio. Esta medida, que trasciende las demandas corporativas, refleja la desesperación de un sector abandonado y sin garantías mínimas de seguridad para ejercer su trabajo. La respuesta del régimen no ha sido proteger al pueblo trabajador, sino reprimirlo con militarización y declarar el estado de emergencia en lugar de atacar las raíces estructurales de la violencia: la corrupción institucional, el abandono estatal y el poder económico del narcotráfico.
Como si esto fuera poco, el Congreso ha aprobado recientemente una infame ley de amnistía que busca exonerar de toda responsabilidad penal a los militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Esta ley no solo es una afrenta a la memoria histórica del país, sino una declaración abierta de impunidad. Frente a ello, los familiares de las víctimas vienen realizando plantones y diversas acciones frente al Palacio de Justicia, exigiendo verdad, justicia y reparación. Su lucha nos recuerda que no habrá paz sin memoria, y que la reconciliación solo puede darse sobre la base del juicio y castigo a los responsables del genocidio y la represión estatal. Esta ofensiva reaccionaria busca borrar los crímenes del pasado para allanar el camino al autoritarismo del presente.
Desde una perspectiva socialista revolucionaria, no podemos caer en la ilusión electoral. No es por medio de las urnas manipuladas, ni por la “democracia” de los ricos, que conquistaremos nuestras demandas. Es necesaria una salida de fondo, que solo puede venir de la movilización organizada de la clase trabajadora, el campesinado, las juventudes y los pueblos originarios. La lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana, que entierre de una vez por todas el legado del fujimorismo, debe ser impulsada desde las calles y no desde los pactos parlamentarios. Pero incluso esa bandera solo será un paso hacia el objetivo estratégico: un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que expropie a los grandes grupos económicos y planifique democráticamente la economía en función de las mayorías.
Hoy más que nunca, se necesita construir una alternativa política de izquierda revolucionaria, que no capitule ante el reformismo ni se subordine al electoralismo impotente. Una organización que unifique las luchas dispersas, que levante un programa socialista y que prepare una nueva oleada de insurrección popular. El Perú está lejos de la estabilidad; estamos en una etapa en la que todo está en disputa. La tarea urgente es organizar la fuerza social capaz de hacerla estallar.
¡Fuera Boluarte, disolución del Congreso y castigo a los asesinos del pueblo!
¡Por una Asamblea Constituyente desde abajo, con poder obrero y popular!
¡Por un gobierno de las y los trabajadores!
Por Sofía Martínez – Alternativa Socialista