La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender temporalmente el fallo que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos especulativos marca un punto de inflexión en uno de los litigios más controversiales de los últimos años.
Esta medida, conocida como suspensión administrativa temporal, no solo representa un alivio momentáneo para YPF y el país, sino que también abre una ventana de oportunidad para replantear el alcance de las decisiones judiciales extranjeras sobre la soberanía de los Estados.
La disputa se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la petrolera, que había sido privatizada en los años noventa y estaba en manos de Repsol. Esta decisión, avalada por el Congreso Nacional, fue parte de una política de soberanía energética.
Sin embargo, el grupo Petersen, que poseía el 25% de las acciones de YPF, no recibió compensación directa, lo que derivó en una demanda judicial en Estados Unidos por parte del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las sociedades españolas del grupo Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina, ordenando el pago de 16.100 millones de dólares y la entrega de las acciones de YPF como parte de la ejecución de la sentencia. La decisión fue considerada por muchos como un atentado contra la soberanía nacional, ya que implicaba que Argentina debía violar su propia legislación para cumplir con una orden extranjera.
El 15 de julio de 2025, la Cámara de Apelaciones concedió una suspensión administrativa temporal de la llamada Orden de Entrega. Esta medida no revoca el fallo, pero sí lo pone en pausa hasta que se resuelva la apelación presentada por Argentina.
Cronograma
El tribunal estableció un cronograma claro: los demandantes tienen hasta el 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más prolongada, mientras que Argentina podrá responder hasta el 22 de julio.
La decisión de la Cámara fue interpretada como una señal de apertura al diálogo judicial y como una forma de garantizar una presentación ordenada de los argumentos de ambas partes. Si la Cámara acepta el pedido argentino, la suspensión podría extenderse hasta que se resuelva la apelación de fondo, lo que podría demorar hasta 2026.
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