La Legislatura de la provincia de Mendoza sancion por unanimidad dos leyes impulsadas por el senador del Partido Demcrata, Armando Magistretti, que buscan mejorar la respuesta del Estado provincial ante los reclamos formales de la ciudadana, reduciendo demoras injustificadas o el silencio por parte de los organismos pblicos.
A partir de esta semana, quienes incurran en negligencias frente a reclamos ciudadanos podrn ser identificados y sancionados en forma directa.
Las normas modifican el Cdigo Procesal Administrativo (Ley 3918) y el Cdigo Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001), y buscan combatir la inaccin estatal, hacer ms eficientes los procedimientos y frenar las demoras que impactan en las arcas pblicas.
Sanciones por demora o silencio
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La primera ley incorpora el artculo 38 bis al Cdigo Procesal Administrativo, habilitando a la Suprema Corte de Justicia a admitir acciones por «denegacin tcita».
Es decir, se podr iniciar un proceso judicial cuando no haya respuesta administrativa formal.
En esos casos, deber identificarse al funcionario responsable de la falta de respuesta, y el organismo correspondiente tendr la obligacin de evaluar posibles sanciones disciplinarias, conforme a la Ley 9003.
El objetivo es desalentar las llamadas «chicanas burocrticas», fortalecer la responsabilidad individual y promover una gestin pblica ms gil y transparente.
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La segunda norma aprobada modifica el artculo 219 del Cdigo Procesal Civil, referido al recurso de amparo por mora.
Ahora, si un juez hace lugar a ese amparo, los funcionarios demorados debern pagar las costas del juicio de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad general del Estado.
Adems, el informe judicial obligatorio en esos casos deber ser firmado por funcionarios con competencia directa sobre el expediente en cuestin, reforzando su obligacin de dar respuesta.
El costo millonario por la ineficiencia administrativa
El cambio legislativo llega tras conocerse el fuerte impacto econmico que tiene la ineficiencia administrativa.
Segn datos de la Fiscala de Estado, en 2024 la provincia pag $6.915 millones en cumplimiento de sentencias judiciales, de los cuales el 75% fueron intereses generados por las demoras.
Eso represent un incremento del 188% respecto a 2023, y se explica en parte porque hasta mayo se aplic la tasa UVA, ajustada por inflacin, para el clculo de intereses.
Para 2025, el presupuesto provincial destina $3.097 millones a la cancelacin de 373 juicios con sentencia firme, entre ellos se destacan: 48 por daos y perjuicios, 71 acciones procesales y administrativas, 27 acuerdos transaccionales y 40 amparos sindicales y expropiaciones, entre otros.