Con el fin de que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas sobre el modo en que se llevaron a cabo los operativos policiales en las manifestaciones durante 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la justicia para obtener información de indiscutible carácter público que fue negada por el ministerio.
La organización de derechos humanos recibió tan solo dos respuestas parciales e incompletas del Ministerio de Seguridad ante los pedidos de acceso a la información que presentó. Las respuestas están relacionadas con el despliegue policial del 29 de mayo, manifestación realizada en ocasión de despidos en la empresa FATE y la del 12 de junio contra la ley de Bases.
Amnistía Internacional solicitó información sobre los operativos relativa a la cantidad de efectivos policiales que intervinieron; el tipo y marca de armas utilizadas y el/los funcionarios a cargo.
La información solicitada reviste carácter público, y resulta fundamental para evaluar las políticas de seguridad, así como para documentar de manera objetiva en qué medida se actuó de manera legítima, necesaria y proporcional en el marco de dichos operativos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
En ambas ocasiones la cartera negó la información bajo el fundamento de que “se trata de datos expresamente calificados como reservados, o secretos, por razones de defensa o política exterior”. Excepción que no aplica a la información solicitada.
“El derecho de acceso a la información pública no solo es un derecho en sí mismo, sino que también es esencial para garantizar otros derechos, como el de reunión pacífica. Al permitir a la ciudadanía conocer cómo el Estado emplea la fuerza en manifestaciones, se promueve la rendición de cuentas y se fortalece el control democrático sobre las acciones gubernamentales.Al mismo tiempo, esta información resulta necesaria y oportuna para prevenir y eventualmente investigar los abusos que se puedan haber cometido. La negativa del Estado de informar, junto a la reciente reforma a la ley de acceso a la información pública -que buscan opacar y restringir la transparencia del Estado- va a contramano de lo que el gobierno actual pregona en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional busca que el Poder Judicial ordene al Ministerio de Seguridad brindar la información pública teniendo en cuenta el marco jurídico vigente, y las normas aplicables en el caso concreto. En el documento, se exponen los argumentos por los cuales se considera que la denegatoria de la información requerida afecta derechos fundamentales y se solicita que se ordene al Estado Nacional a brindar la información requerida.
¿Qué pasa con el derecho a la protesta en Argentina?
Amnistía Internacional lleva años monitoreando el accionar del Estado argentino en relación con el derecho a la protesta de diversas maneras y, en este marco, se remiten pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad, en virtud de lo establecido en la Ley 27.275, en relación con cada uno de los operativos policiales que se despliega en las manifestaciones.
Desde el 10 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad aprobó una serie de reglamentaciones normativas que vulneran el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, a la protesta pacífica y que desconocen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
El 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución 943/2023 por medio de la cual entró en vigor el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido como “Protocolo Antipiquetes”. A su vez, días más tarde se emitieron dos Resoluciones complementarias, la Resolución 947/2023 que dispuso la creación de un Comando Unificado Urbano para la implementación de la Resolución 943/2023 y la Resolución 949/2023 que instruye a las fuerzas de seguridad intervinientes a determinar los gastos de los operativos llevados a cabo en el marco de aquella resolución con el objetivo de transferir esos gastos a quienes se movilicen.
De acuerdo con los estándares internacionales, el “Protocolo Antipiquetes” tiene varios problemas para la vigencia de los derechos de las personas, promueve que se intensifique la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
A partir de la vigencia de esta normativa, en algunas de las manifestaciones que Amnistía Internacional viene relevando, puede observarse el uso abusivo de la fuerza con el objeto de limitar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. En este sentido, se observa que las fuerzas de seguridad recurren al uso de la fuerza como primera medida, desconociendo los principios de Naciones Unidas sobre uso de la fuerza, aumentando situaciones de violencia que luego son más complejas de controlar y dejando como resultado numerosas personas heridas (algunas con lesiones graves y permanentes), y personas criminalizadas.
En relación con los pedidos de información pública sobre los cuales el Ministerio de Seguridad denegó información:
El 29 de mayo se llevó a cabo una movilización en repudio a los 97 despidos que realizó una empresa de neumáticos, y las fuerzas de seguridad realizaron un amplio despliegue policial con efectivos y un camión hidrante con el fin de impedir el desarrollo de la manifestación. Según información periodística, la Policía federal utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.
Luego, el 12 de junio, mientras el Senado de la Nación debatía la segunda versión del Proyecto “Ley bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, la población en general, así como organizaciones sociales, políticas y sindicales se convocaron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para expresar su recazo al proyecto. Las fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires) desplegaron un importante operativo policial en la plaza del Congreso de la Nación y en las calles y avenidas de las inmediaciones del Congreso. El operativo incluyó la presencia de cuerpos motorizados y de infantería, vallado en todas las inmediaciones del Congreso de la Nación y se caracterizó por el uso de armas menos letales (irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma, camiones hidrantes) que ocasionaron lesiones en los manifestantes, entre ellos, 5 diputados fueron rociados con gases lacrimógenos, y 33 personas fueron detenidas y criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta.
La organización recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.