La estrepitosa caída que registraban los envíos de coparticipación federal de Nación a las provincias tuvo un freno en septiembre, cuando la baja no fue tan abrupta.
En rigor, en las 24 provincias se observaron caídas reales de los envíos automáticos de recursos de origen nacional, pero los impactos fueron heterogéneos.
En primer lugar, Santa Cruz, Chubut y Neuquén presentaron los descensos más leves
(menor a -1,0%) mientras que en el otro extremo, San Juan, Mendoza y Tucumán cayeron
en un nivel cercano a 3%.
Sin embargo, la caída más fuerte del mes se observa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde alcanzó el -13,9% real interanual: la enorme diferencia respecto al resto de las provincias es que el distrito porteño no recibe fondos por esquemas de leyes especiales (salvo un pequeño apartado vinculado al impuesto a los combustibles) ni compensaciones, aclaró la consultora Politikon Chaco.
La amortiguada caída en septiembre fue del 12,2 % en términos constantes a precios de septiembre porque se estima una inflación estimada por especialistas del 3,8 %. Para comparar en agosto la caída había sido del 18,5% a nivel nacional.
A la masa de coparticipación federal hubo ingresos del impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado e Impuestos internos. El método de reparto de fondos también incluye un conjunto de Leyes y Regímenes Especiales que registraron, por ejemplo, un buen desempeño del impuesto a los Bienes Personales, que creció 429,4% real; también muestran alzas los recursos del impuesto a los Combustibles Líquidos, del Régimen de Energía Eléctrica y del monotributo. Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (2% del total) mostraron un alza del 1,7% real interanual.
Para la provincia de Neuquén, los ingresos por Coparticipación Federal tienen una lectura particular porque hay dos leyes de las cuales dependen dos de los tres poderes del Estado.
El Poder Judicial se abastece con el 18% de los fondos de la Coparticipación Federal de acuerdo a la ley 1971 de octubre de 1992, hace exactamente 32 años. El argumento de destinar este fondo es garantizar la independencia de los jueces ya que sus sueldos no dependían de la discrecionalidad del gobernador.
Los tiempos cambiaron y cuando esa ley fue mayor de edad, a los 18 años, el Poder Judicial comenzó a requerir aportes del gobernador. La situación llegó a su punto límite cuando, el año pasado, el 60% de los fondos para el Poder Judicial dependían de partidas discrecionales.
Se envió una ley a la Legislatura para crear el Fondo de Estabilización de Presupuestos que se integra, en parte, con 1,5 puntos porcentuales de lo que le correspondía a la Legislatura.
En efecto, la ley 2395 que se sancionó en 2002 con vigencia a partir de enero de 2003, recién cumplió los 21 años, estableció que para garantizar la independencia del Poder Legislativo, su presupuesto se iba a integrar con el 7,5% de los recursos provenientes de la coparticipación federal.
El Fondo de Estabilización de Presupuestos le sacó esos puntos porcentuales al Poder Legislativo que se quedó solo con el 6% de la coparticipación que, encima, está a la baja.
Ese fondo lo administra el Ejecutivo que, obviamente, debe recurrir a dinero de otros ingresos como recaudación y regalías para poder mantener el nivel de gastos del poder de los jueces cuyo sostenimiento crece al ritmo de la inflación: 109 % frente a una baja acumulada a septiembre del 12,2 %, pero que, hasta agosto, tenía una retracción del 18,5%.