Un fallo judicial ratifica la obligación del Ejecutivo nacional de garantizar los recursos para salarios y becas en las universidades públicas, en medio de reclamos del sector.
Un fallo de segunda instancia ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza la actualización de recursos para salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión judicial refuerza los reclamos de universidades, docentes y estudiantes, quienes denuncian un deterioro sostenido en el presupuesto del sector.
La legislación vigente establece que los fondos destinados a las universidades deben actualizarse en función de la inflación, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema. Sin embargo, desde 2023 el sector viene señalando un ajuste que impactó principalmente en los salarios, los cuales representan cerca del 90% del presupuesto universitario.
El conflicto se profundizó tras el veto presidencial a la ley, posteriormente ratificada por el Congreso, y la negativa del Gobierno a ejecutarla. Desde el ámbito universitario advirtieron que la falta de financiamiento pone en riesgo el normal desarrollo de clases, la continuidad de proyectos de investigación y el acceso de miles de estudiantes.
La resolución judicial no solo tiene impacto presupuestario, sino que también marca un límite a las decisiones del Ejecutivo y vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación superior.