El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la situación política y económica del país, al tiempo que funcionarios de su administración alertan sobre una compleja coyuntura fiscal que afecta también a los municipios.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escenario político nacional durante la movilización del 24 de marzo. En sus declaraciones, analizó el momento actual del Gobierno nacional y planteó la necesidad de que la oposición se organice para presentar propuestas.
Sin embargo, más allá del análisis político, desde la administración bonaerense se encendieron alertas por la situación financiera. La caída en la actividad económica, el consumo y el cierre de empresas -se estiman unas seis mil en la provincia- han impactado en la recaudación. Esta situación se ve agravada por la interrupción, hace dos años, de transferencias especiales desde la Nación, menores ingresos por coparticipación y limitaciones para acceder al endeudamiento. Funcionarios del Gabinete provincial describen el riesgo de una «tormenta perfecta» fiscal, un pronóstico que también alcanzaría a los municipios.
En este contexto, Kicillof convocó a los intendentes bonaerenses, reuniendo a cerca de la mitad de los 135 jefes comunales. En el encuentro, realizado en el Salón Dorado de la gobernación, se advirtió sobre el impacto del modelo económico en las administraciones locales. «Hay distritos que son muy dependientes de la recaudación nacional y provincial que les gotea, y la crisis económica les está pegando durísimo», resumió un intendente peronista presente en la reunión.
Un dato que activó alertas fue el inicio del ciclo lectivo, que por primera vez en la gestión de Kicillof no comenzó en la fecha prevista, a pesar del alineamiento político de la mayoría de los gremios docentes con el gobierno provincial.
La provincia recurrió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar fondos que considera adeudados por la Nación, estimados en más de 15 billones de pesos por transferencias no automáticas y obras inconclusas. Ya se realizó una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, centrada en la deuda de la ANSES con el sistema jubilatorio provincial. Otras demandas judiciales involucran fondos vinculados a Seguridad, compensación al Transporte del interior y el Incentivo docente.
La expectativa de la provincia se centra en la resolución judicial, más que en una recomposición de los ingresos por recaudación propia en el corto plazo. La coparticipación a los municipios de los recursos que eventualmente se recuperen apuntaría a aliviar la situación en los distritos.