Leonela Aguirre, una nena de apenas 10 años, salió de la escuela el 16 de marzo de 2010 como todas las tardes rumbo a su casa. Sin embargo, nunca llegó. La tarde del día siguiente su cuerpo fue hallado sin vida dentro de un contenedor. Hoy se cumplen 16 años del crimen en Puerto Madryn que conmovió a toda la provincia.
La búsqueda de la nena rápidamente movilizó ese día a toda la comunidad de Puerto Madryn, que se sumó a las fuerzas de seguridad y salió a buscarla. La esperanza de encontrarla con vida se mantuvo durante toda la noche.
Pero la búsqueda tuvo un desenlace devastador. En la mañana del 17 de marzo, un familiar encontró el cuerpo de la niña dentro de un contenedor de basura y dio aviso a un barrendero que trabajaba en la zona para que alertara a la policía.
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Leonela Aguirre.
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Los peritajes posteriores confirmaron que la menor había sido abusada sexualmente y estrangulada. El hallazgo generó una profunda conmoción en la comunidad y abrió una investigación judicial para identificar al responsable del crimen.
En un primer momento, un vecino fue detenido como sospechoso. Sin embargo, permaneció arrestado durante un mes y medio hasta que las pruebas de ADN y las huellas encontradas en la escena del crimen descartaron su participación.
Un pedido de justicia que nunca llegó.
Archivo
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Posteriormente, una muestra genética hallada en un cable telefónico utilizado para asfixiar a la víctima permitió determinar que el autor del crimen era un menor de 15 años. Debido a la legislación vigente en ese momento, el adolescente fue considerado inimputable.
A pesar de los avances en la investigación, nunca se pudo establecer si el ataque contó con la participación de una segunda persona. A más de una década del hecho, el crimen de Leonela Aguirre continúa siendo uno de los casos más recordados y dolorosos.
Baja la edad de imputabilidad a 14 años: el Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil
El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, una normativa que introduce cambios relevantes en el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes. Entre las principales modificaciones se destaca la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años.
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La medida fue oficializada mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, luego de que el proyecto obtuviera la aprobación del Senado de la Nación Argentina durante las sesiones extraordinarias. En la Cámara alta la iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El nuevo marco legal establece un sistema de responsabilidad penal específico para adolescentes, con sanciones que se aplicarán de acuerdo con la edad del imputado y las circunstancias del delito. Según el texto de la ley, el régimen deberá orientarse principalmente a la educación, la resocialización y la reintegración social de los jóvenes que entren en conflicto con la ley penal.
Además, el nuevo régimen prohíbe de forma expresa las penas perpetuas o de carácter indefinido para menores de edad. Tampoco podrán generarse antecedentes penales permanentes como consecuencia de delitos cometidos durante la adolescencia.
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Régimen Penal Juvenil
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Otro punto clave de la ley establece que, en caso de que un adolescente sea detenido y resulte indispensable su alojamiento en un establecimiento cerrado, este deberá realizarse en espacios especialmente acondicionados para menores. La normativa también prohíbe que los adolescentes detenidos compartan lugares de encierro con personas adultas.
El texto también dispone que los procesos judiciales que involucren a menores deberán tramitarse con mayor celeridad. En particular, se establece que los casos en los que el adolescente esté privado de su libertad deberán tener prioridad en la agenda judicial. Si existiera una dilación injustificada en el avance de la causa, el magistrado interviniente podrá ser considerado responsable de falta grave y enfrentar sanciones disciplinarias.
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En los casos en que los menores resulten inimputables, la ley prevé que intervenga la Justicia civil para investigar lo sucedido y determinar la aplicación de medidas de protección o tratamiento, priorizando el enfoque socioeducativo.