Luego de sus triunfos tanto en los proyectos de la Reforma Laboral y de la baja de la edad a Imputabilidad Penal, el oficialismo propone volver a debatir antes del 1 de marzo en el Congreso la reforma a la Ley de Glaciares y reabre las tensiones en torno a sus implicaciones.
La fecha coincide con la apertura de sesiones ordinarias, por ello, el tratamiento se inscribe en un contexto político acelerado. En este marco, legisladores por San Juan confirmaron que la iniciativa figura entre las prioridades, además, señalaron que el sector minero provincial sigue de cerca el debate.
Sin embargo, la inclusión definitiva depende de consensos aún inestables. En consecuencia, el equilibrio de fuerzas será determinante.
¿Qué puntos se quieren modificar y por qué?
El eje central del proyecto apunta a redefinir el concepto de ambiente periglacial. Este término es uno de los más controvertidos de la ley vigente.
Actualmente, la normativa protege no solo glaciares visibles sino también áreas que regulan recursos hídricos. La propuesta busca delimitar con mayor precisión esos territorios. Asimismo, se pretende otorgar mayor participación a las provincias. En particular, en la identificación de zonas alcanzadas por la protección ambiental.
En términos prácticos, los gobiernos provinciales tendrían un rol más activo. Especialmente en la evaluación de emprendimientos mineros dentro de sus jurisdicciones.
El argumento a favor sostiene que la medida brindaría mayor autonomía local. Además, permitiría compatibilizar desarrollo productivo con presupuestos mínimos nacionales.
Minería, federalismo y recursos estratégicos
La discusión no es aislada y se vincula al modelo extractivo. Provincias cordilleranas consideran estratégica la actividad minera.
En ese marco, San Juan aparece como actor clave. Su economía mantiene fuerte vínculo con proyectos en alta montaña.
Al mismo tiempo, la ley vigente fue concebida para resguardar reservas de agua dulce. Los glaciares cumplen un papel esencial en la regulación hídrica.
Por ello, cualquier redefinición genera preocupación en sectores ambientales. El debate contrapone desarrollo económico y protección ecosistémica.
Una modificación con impacto ecológico y relevancia ambiental
Los glaciares y ambientes periglaciales actúan como reservas estratégicas de agua. De ellos dependen comunidades, actividades productivas y biodiversidad.
Modificar su delimitación podría alterar criterios de evaluación ambiental. En consecuencia, cambiarían las condiciones para autorizar proyectos extractivos. Además, en un contexto de crisis climática, el retroceso glaciar es acelerado. Por lo tanto, la protección adquiere mayor relevancia científica.
El tratamiento en extraordinarias definirá si la iniciativa avanza. Así, podría convertirse en uno de los debates ambientales centrales de 2026.
Con el calendario legislativo en marcha, el oficialismo busca definiciones. Entretanto, el país discute cómo equilibrar federalismo, minería y resguardo del agua cordillerana.