La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso de una cuenta en X con el nombre de Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir” informaciones y señalar supuestas “operaciones mediáticas”.
En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle.
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El proclamado objetivo, de “desmentir”, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces.
Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública.
ADEPA
Como ha señalado ADEPA en otras oportunidades, la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.
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Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de “operaciones de los medios”, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales.
El mejor antídoto contra la desinformación no es la “verdad oficial”, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión.
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Los medios de comunicación, como actores centenarios de la vida democrática, cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico.