En medio de la crisis ambiental generada por los incendios forestales que acechan a la Patagonia argentina, el expresidente Mauricio Macri defendió el reclamo de los gobernadores de la región, quienes alzaron un pedido conjunto al Congreso de la Nación.
La solicitud apunta a que se debata con “urgencia”, en el marco de las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emerencia Ígnea, una herramienta legislativa considerada vital para la asignación de fondos y recursos técnicos en las zonas afectadas.
Este pronunciamiento representó el primer gesto de distanciamiento público en meses por parte del PRO y sus autoridades respecto del gobierno de Javier Milei. La relación entre ambas fuerzas, aunque aliada en lo legislativo, atraviesa un período marcado por tensiones crecientes entre sus líderes y disputas territoriales por el manejo de los recursos coparticipables y las partidas presupuestarias destinadas a las provincias.
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El respaldo explícito a los gobernadores
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el exmandatario fue contundente al alinearse con la postura de los mandatarios patagónicos, encabezados por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Apoyo el pedido de Ignacio Torres y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, escribió el titular del PRO durante la última jornada.
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El exmandatario remarcó que, en el contexto actual de incendios descontrolados, “se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”. Con estas palabras, el líder de la oposición aliada subrayó la insuficiencia de las medidas tomadas hasta el momento por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Un quiebre en la narrativa oficial
La postura de Macri generó repercusiones inmediatas en el arco político nacional, ya que la administración de La Libertad Avanza mantuvo, hasta ahora, una posición de austeridad extrema y una política de «no intervención» directa con fondos discrecionales hacia las provincias, incluso ante catástrofes ambientales. La ley de Emergencia Ígnea, de ser sancionada, obligaría al Estado nacional a reasignar partidas presupuestarias específicas para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el apoyo logístico a las brigadas provinciales.
El pedido de los gobernadores patagónicos —que incluye a mandatarios de diferentes signos políticos— encontró en Macri un vocero de peso que traslada la discusión al interior de la coalición que apoya al Gobierno en el Congreso. La insistencia en incluir este tema en las sesiones extraordinarias de febrero coloca al oficialismo en una posición defensiva, obligándolo a decidir si acompaña el proyecto o si mantiene el bloqueo de partidas en un área sensible para la opinión pública y el ecosistema regional.
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El escenario en el territorio patagónico
Mientras la política nacional debate la asignación de recursos, en el terreno la situación continúa siendo crítica. Los focos de incendio en zonas como Cholila y las proximidades del Parque Nacional Los Alerces demandan un despliegue de personal y tecnología que las provincias aseguran no poder sostener de forma autónoma por mucho tiempo más. La falta de aviones hidrantes y el desgaste de las cuadrillas locales son los argumentos centrales que llevaron a Ignacio Torres a liderar este bloque regional de presión política.
El apoyo de Macri a Torres no es casual. El gobernador de Chubut se consolidó como una de las figuras con mayor proyección dentro del PRO y mantiene una relación de cercanía con el expresidente. Esta alianza regional busca poner un límite a las políticas de ajuste que afectan la operatividad de los servicios de emergencia en el interior del país. Para los analistas, este movimiento de Macri busca también preservar la identidad de su partido, evitando que la identidad del PRO quede totalmente absorbida por el programa de gobierno de Milei.
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Perspectivas para las sesiones de febrero
La sanción de la Ley de Emergencia Ígnea permitiría, entre otras facultades, la agilización de contrataciones, la compra de insumos críticos de forma directa y la creación de un fondo de asistencia a productores afectados por los incendios.