Cuando Alejandra Susana Monteoliva juró como Ministra de Seguridad Nacional el 2 de diciembre de 2025 ante el presidente Javier Milei, se cerró un círculo que ella misma había contribuido a definir: la continuidad y consolidación de una doctrina de seguridad basada en el orden, el respaldo a las fuerzas estatales y la profesionalización de sus estructuras. Su llegada al cargo no fue una ruptura, sino la culminación de una carrera tecnocrática moldeada por casi tres décadas en el sector seguridad dentro y fuera del país.
Monteoliva, de 55 años, nació en Córdoba, se formó como politóloga en la Universidad Católica de Córdoba y obtuvo un magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo en la Universidad de los Andes, en Colombia, donde, además de vivir 19 años, colaboró con la Policía Nacional y organismos multilaterales en políticas de seguridad y prevención del delito. Su carrera incluye roles tanto en el plano internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) en América Latina, como en la gestión pública local y nacional.
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Antes de su actual cargo, Monteoliva fue secretaria de Seguridad Nacional desde junio de 2024, tras haber sido elegida por Patricia Bullrich para reemplazar a Vicente Ventura Barreiro. Durante esos años, se consolidó como pieza clave de la llamada “Doctrina Bullrich”, que prioriza la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la restitución del orden público como condiciones indispensables para la convivencia.
Su perfil combina formación académica de alto nivel con una lógica operacional de gestión: fue directora nacional de operaciones de seguridad en la administración de Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019), coordinó la gestión de información criminal y asumió responsabilidades operativas en distintas estructuras estatales de seguridad. Incluso trabajó para agencias de Naciones Unidas vinculadas a seguridad ciudadana, lo que reforzó su enfoque técnico-comprensivo del fenómeno del delito.
Pero en su salto al centro político de la escena, la ministra demostró que su apuesta no es sólo técnica: su discurso público colinda con un fuerte respaldo institucional a las fuerzas de seguridad frente a críticas y cuestionamientos judiciales posteriores a operativos complejos. Esta defensa ha sido explícita en sus declaraciones, donde argumenta que la Policía, al cumplir órdenes de la conducción política en contextos de alta tensión, suele ser la variable receptora de reproches posteriores, a pesar de operar en escenarios de riesgo. Ese discurso, más que victimizar a los agentes, busca hacer visible el desequilibrio que pone a las fuerzas bajo el escrutinio judicial sin haber contado con un marco normativo plenamente consolidado de antemano.
Esa defensa institucional se inserta en un contexto donde la sociedad argentina exige seguridad, pero también debate los límites del uso de la fuerza y los derechos civiles: la población mayoritariamente apoya que la Policía actúe para combatir el delito, pero pone en cuestión la represión excesiva, especialmente en marchas o piquetes, y reclama un equilibrio entre orden y garantías básicas. En este marco, Monteoliva ha sostenido públicamente que las fuerzas deben ser respaldadas por la conducción política y que el Estado debe asegurar que las decisiones operativas no se traduzcan en consecuencias penales individuales para los agentes sin un análisis estructural de responsabilidad institucional.
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Críticos señalan que esa defensa puede convertirse en blindaje institucional, reduciendo la rendición de cuentas y minando controles democráticos; sus defensores aseguran que es indispensable para que las fuerzas actúen sin temores judiciales ex post, especialmente ante amenazas graves al orden público. En cualquier caso, la postura de Monteoliva marca una línea clara de protección política a la Policía, distinta de enfoques más críticos o cautelosos de otros modelos de seguridad.
Para el oficialismo, su perfil técnico-legitimador representa la continuidad necesaria de un enfoque de seguridad que, según ellos, recuperó el orden en varias zonas del país y reforzó el combate al crimen organizado; para sus detractores, encarna una tendencia a privilegiar el respaldo institucional a las fuerzas por encima de las preocupaciones por derechos humanos o controles estrictos. En medio de ese debate, Monteoliva se consolida como una ministra que no sólo administra seguridad, sino que define cómo el Estado argentino asume su responsabilidad frente a sus propias fuerzas de seguridad y ante la Justicia.
JCS/TV/ff