En un nuevo «ataque» contra Claudio «Chiqui» Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y financieros. Según se anticipó en un comunicado oficial, se solicitará documentación que respalde gastos e inversiones por más de u$s111.000.000 en el caso de la AFA y u$s340.000.000 en el de la Liga Profesional.
La denuncia del Gobierno contra la AFA
En el escrito difundido se señaló que «se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones».
El comunicado agregó: «Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los u$s111.000.000 y u$s340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro».
Desde el Gobierno reafirmaron que «nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios» y remarcaron que la AFA y la Superliga «deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ».
En ese sentido, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.
Esta decisión se suma a otra acción reciente del Ejecutivo. El lunes, a través de Patricia Bullrich, el Gobierno denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo.
En la presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según se afirmó, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.
Los hechos se inscriben en una causa que tramita en el Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.
Según la presentación, la empresa habría sido utilizada para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos analizados figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con estancia, helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y vehículos de lujo.
El dominio de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el ex futbolista de Boca Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Justamente, donde se apunta que los socios de esta última fueron señalados se trataría de presuntos testaferros.
Asimismo, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.
La polémica sobre contrataciones, vínculos empresariales y la respuesta de la AFA
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto cercano a u$s550.000 para la finalización del sistema VAR.
El documento oficial destaca la trayectoria de la empresa como proveedora oficial, mientras que la denuncia sostiene la existencia de vínculos societarios y personales con ex directivos del organismo. Desde la AFA denunciaron una «evidente persecución política» y cuestionaron el accionar del Gobierno. Afirmaron que se enfrentaron a un «ataque coordinado» de funcionarios y dirigentes, y rechazaron los intentos de intervención.
Además, criticaron el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contraposición al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, y cerraron su descargo señalando que la entidad seguirá enfocada en el desarrollo del fútbol argentino.
«Al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas América), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna», concluyeron.