El gobernador Rolando Figueroa firmó la promulgación de la Ley 3531/25, que dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La medida, impulsada por el propio mandatario, fue aprobada el 17 de septiembre en la Legislatura provincial con una amplia mayoría de votos.
El objetivo central es garantizar la integridad, idoneidad y responsabilidad institucional en el ejercicio de los cargos públicos, asegurando que los funcionarios actúen libres de consumo de sustancias psicoactivas prohibidas y sin vínculos con el narcotráfico.
A quiénes alcanza la medida
La ley abarca a autoridades de todos los niveles, incluyendo al gobernador y vicepresidente; ministros, secretarios y jefes de gabinete; diputados provinciales; magistrados, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura; y también a intendentes, concejales y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales.
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De esta manera, la provincia de Neuquén se convierte en una de las primeras del país en institucionalizar un sistema integral de test toxicológicos como requisito para ocupar o permanecer en cargos públicos.
Controles sorpresivos y registro confidencial
Según la norma, los funcionarios deberán someterse de manera sorpresiva a test toxicológicos mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente. Los controles serán realizados por personal habilitado en los lugares de trabajo, y la negativa injustificada a realizar el test será considerada equivalente a un resultado positivo.
La ley también crea una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes técnicos de los tres poderes del Estado, que funcionará como organismo autónomo. Además, se implementará un registro interno y confidencial para documentar los resultados, su trazabilidad y los procedimientos derivados de casos positivos.
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En línea con la lucha contra el narcotráfico
Esta ley se enmarca en la política provincial de combate al narcotráfico y fortalecimiento institucional, y complementa la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que permite una intervención más rápida y efectiva de la policía y la justicia provincial frente a este tipo de delitos.
“Con esta medida, buscamos dar el ejemplo desde el Estado, garantizando que quienes tienen responsabilidades públicas lo hagan con total transparencia”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.