Transcurrieron veinte días desde que el fiscal federal Franco Picardi comenzó a investigar presuntos hechos de corrupción a través de un presunto circuito de sobornos que puso bajo la lupa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. En las antípodas del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo -que permanece recluido-, los empresarios buscan retomar “la vida normal, sin nada que esconder”.
Los primeros días fueron convulsionados: Jonathan se presentó en Comodoro Py tres días después de los allanamientos en su casa, y entregó su celular, apagado y sin contraseña.
Días después, su padre Eduardo hizo lo mismo: se presentó ante el fiscal federal Picardi y dejó su celular.
Pero previo a ello, Jonathan había eludido los allanamientos en el barrio privado de Nordelta, y la situación le significó un procesamiento por obstrucción a la justicia, encubrimiento y desobediencia a Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad del country.
Con la causa bajo secreto de sumario hasta mediados de la semana próxima, la investigación prospera con una hipótesis que se concentra en un posible circuito de sobornos.
Ante ese escenario el shock inicial, en la droguería que trabaja con 10.500 clientes y tiene 3.700 empleados (2.200 directos y los restantes indirectos), vivió horas de inquietud. Pero el mensaje interno fue inmediato: “Se sigue trabajando con total normalidad”.
Con un 90% de clientes del sector privado, Suizo Argentina buscó recomponerse puertas adentro: “tenemos entregas que realizar, distribuimos a 700 clínicas, sanatorios y 7.000 farmacias que dependen de nosotros”, indicaron a Clarín fuentes allegadas a al compañía.
Esa determinación de imprimir ritmo de normalidad es una decisión que también adoptó la familia Kovalivker.
«Vida normal, volver a la rutina», es lo que dejaron trascender los accionistas a su entorno más inmediato. El argumento apunta a la causa judicial: “Se sigue con normalidad porque no hay nada que esconder”.
En simultáneo comenzaron a delinear su defensa jurídica de cara al levantamiento del secreto de sumario, que tras la prórroga del miércoles pasado concluirá el jueces de la semana próxima.
Durante la última semana, los empresarios apuntados por la justicia retomaron la rutina familiar y laboral. Sin embargo, no pueden ocultar la preocupación que genera “estar expuestos mediáticamente y ser acusados por cosas que no se hicieron”, aducen desde su entorno.
Cuando hay reunión de directorio en la droguería, «Jonathan y Emmanuel Kovalivker asisten. La normalidad laboral no implica ir todos los días a la compañía pero sí seguir con sus respectivas rutinas”, señalaron quienes los conocen en el devenir cotidiano.
Posiblemente la “normalidad” que ellos mismos buscan exponer es una forma de dar viabilidad a un negocio que mensualmente mueve entre 15 y 16 millones de entregas.
La causa penal y las acusaciones por presunta corrupción, ¿afectan al negocio? Según fuentes de la droguería, “en principio no. Comercialmente algo puede dañar, pero trabajamos estas semanas para que no ocurra”.
Mientras tanto, la compañía y sus dueños con contratos con la ANDIS por 55.000 millones de pesos bajo investigación, están apuntados por la justicia federal penal, que se pregunta si esas licitaciones, compras directas, contratos se adjudicaron de forma lícita.
Con una actitud distinta está Diego Spagnuolo: el ex titular de la ANDIS sigue recluido en su domicilio y sólo recibe la visita de sus abogados.