El Gobierno nacional advirtió que la auditoría en curso sobre las compras y procesos internos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se verá postergada debido a la incautación judicial de documentos fundamentales para el análisis. En particular, se trata de facturas vinculadas a adquisiciones de medicamentos realizadas por la agencia, que fueron retiradas tras el primer allanamiento a sus principales sedes.
Esta situación complica la revisión de las operaciones, ya que estas compras no se encuentran registradas en portales públicos ni cuentan con trazabilidad directa desde la administración central del Ministerio de Salud.
INCAUTACIÓN JUDICIAL Y CONFLICTOS EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Los documentos incautados corresponden a facturas de compras efectuadas a distintas droguerías, como parte de un procedimiento judicial que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la ANDIS. Debido a que el Estado no forma parte formal de la causa, los representantes del Ejecutivo evalúan la mejor vía legal para solicitar a la Justicia copias de los expedientes secuestrados y poder continuar con la auditoría.
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Foto: Radio Continental
Los equipos técnicos de la intervención, liderados por Alberto Vilches, solicitaron a la Policía de la Ciudad que cesara el retiro adicional de documentación durante la segunda tanda de allanamientos realizada el viernes anterior. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo para realizar copias de los papeles incautados, lo que permitió que la revisión formal de los procesos de compra recién se reanudara a inicios de esta semana.
En la Casa Rosada advierten que el sumario interno abierto en la ANDIS podría extenderse hasta un máximo de seis meses, con la expectativa de contar con los resultados definitivos hacia mediados de octubre. A su vez, el gabinete aún no dispone de detalles precisos sobre los contratos del organismo con la droguería Suizo Argentina, un proveedor central bajo sospecha, y existe la hipótesis sobre la utilización de diferentes modalidades de compras para evadir controles.
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SOSPECHAS DE SOBREPRECIOS Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA
Uno de los focos del Gobierno es la posible existencia de sobreprecios en algunas adquisiciones de medicamentos realizadas por la ANDIS. Sin embargo, fuentes oficiales desmintieron versiones difundidas acerca de un aumento del 27% en el precio de un mismo producto en dos compras próximas, aclarando que la auditoría recién había comenzado y que esos datos no pueden considerarse preliminares oficiales.
Paralelamente, el análisis desde el Ejecutivo se extiende a la estructura orgánica y presupuestaria de la agencia, que actualmente cuenta con 921 empleados y dispone de un presupuesto anual asignado de $3,74 billones. Del total, $3,1 billones están destinados a “seguridad social”, unos $556.000 millones a “salud” y aproximadamente $5.300 millones a “promoción y asistencia”, según reportes oficiales del Ministerio de Economía.
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Foto: Facebook Diego Spagnuolo
Por el momento, el Gobierno no tomará medidas contra funcionarios en actividad dentro de la ANDIS, más allá del desplazamiento ya realizado del extitular Diego Spagnuolo y del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. No obstante, se planifican modificaciones en la estructura y centralización del organismo para que quede bajo la jurisdicción directa del Ministerio de Salud.
En este sentido, se busca que las compras se realicen directamente a laboratorios, en lugar de intermediación vía droguerías, con el fin de obtener mejores descuentos y mayor transparencia.
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Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR