La causa por el fentanilo contaminado dio un giro trascendental con la orden de detención de Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico y titular del laboratorio HLB Pharma, considerado el principal imputado en el caso.
La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, a partir de pruebas periciales y testimonios que dieron cuenta de graves irregularidades en la producción y distribución de los lotes comprometidos.
La investigación se centra en las ampollas de fentanilo 31.202 y 31.244, elaboradas en diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., firma operada en conjunto con HLB Pharma. Dichos lotes contenían bacterias como klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii, lo que los convirtió en un riesgo mortal para pacientes hospitalizados.
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La distribución corrió por cuenta de la droguería Alfarma, administrada por la madre del empresario, lo que refuerza la sospecha de un entramado familiar en la operación.
La orden judicial incluyó 10 allanamientos simultáneos, con detenciones en curso, bajo la ejecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional (GNA). Además de García Furfaro, de acuerdo a lo publicado este miércoles por Todo Noticias, el magistrado ordenó la captura de varios familiares y directivos vinculados con los laboratorios, entre ellos sus hermanos Diego y Damián García; su madre Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB; y figuras clave en la gestión técnica como Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Maiorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano.
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El impacto sanitario de este caso quedó confirmado en un reciente informe del Cuerpo Médico Forense, que analizó 20 autopsias de pacientes tratados con el fentanilo en cuestión. El estudio determinó que en al menos 11 muertes existió un nexo concausal, es decir, que el fármaco contaminado agravó los cuadros clínicos y aceleró los fallecimientos. Otros cinco casos fueron clasificados como “fortuitos”, donde la infección bacteriana estuvo presente, pero no alteró el desenlace clínico, mientras que los restantes continúan en análisis por falta de documentación suficiente.
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Si bien el documento aclaró que no hubo muertes atribuibles exclusivamente a la contaminación, fue contundente al señalar que la adulteración del medicamento fue un factor determinante en complicaciones clínicas que derivaron en desenlaces fatales. En otras palabras, muchos pacientes podrían haber sobrevivido de no haber recibido esos lotes de fentanilo.
La decisión del juez Kreplak fue celebrada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo a través de un posteo en la red social X: “Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”. El mensaje oficial refuerza la dimensión política y social del caso, que despertó indignación pública desde que se conocieron las primeras muertes vinculadas a la contaminación.
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En total, la causa ya involucra a 24 imputados por presuntas irregularidades en la producción, control de calidad y distribución del fármaco. La pesquisa apunta a determinar hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades y qué mecanismos fallaron en el sistema de control sanitario que debería haber impedido que los lotes contaminados llegaran a los hospitales.