El asesor legal de la intervención de la cooperativa de servicios públicos de Rawson, Mario Bensimón, indicó que la denuncia penal que hicieron contra la anterior conducción de la entidad abarca no solo al consejo de administración sino también a la comisión fiscalizadora que integran los síndicos, en particular Mario Orellano, a quien nombró expresamente.
La denuncia penal señala a la conducción que conducía Josefa Ávila por haber suscripto con un estudio jurídico de Mar del Plata un convenio leonino por el cual la entidad, que se encuentra en estado de quebranto, se comprometía a pagar 600.000 dólares en 24 cuotas a un estudio jurídico de Mar del Plata para renegociar la deuda de Cammesa, además de un porcentaje por el éxito de las gestiones.
Bensimón no se imagina por qué se suscribió un convenio de semejantes características que además le entrega la sede de litigación que pasa a ser insólitamente Mar del Plata, donde está el estudio.
También puso de relieve que por el monto que se pactó, debía ser el cuerpo de delegados el que decida y no el consejo de administración porque lo que está en juego es el patrimonio mismo de la cooperativa.
La otra demanda es de índole civil y apunta al convenio en sí, sobre el cual se perciben «vicios» que afectan su validez.
Consideró que a la actual conducción no le cabe aplicar el acuerdo cuestionado con el estudio Villaverde y Beltramino ya que ellos no son una autoridad electa de la cooperativa sino una intervención dictada por la justicia federal.
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