En un contexto global donde la competencia por atraer capitales es cada vez más intensa, el Gobierno argentino dio un paso firme con la reglamentación del procedimiento que permitirá a los extranjeros que realicen inversiones relevantes obtener la ciudadanía argentina.
La normativa, plasmada en el Decreto N° 524/2025 y firmada el jueves 31 de julio de 2025 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, constituye un hito dentro de la reforma migratoria que impulsa el Ejecutivo y busca combinar el fomento a la inversión con rigurosos controles de seguridad.
El objetivo oficial es claro: atraer capitales que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleo, al tiempo que se establece un mecanismo transparente y controlado para el otorgamiento de la nacionalidad, un derecho hasta ahora regulado principalmente por criterios de residencia y vínculos personales.
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Decreto 524/2025: vía rápida para la ciudadanía argentina a inversores extranjeros
Foto: iProfesional
Este nuevo marco normativo se enmarca en una reforma migratoria más amplia, que desde principios de año se ha orientado hacia un control más riguroso del ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina, incluyendo nuevos requisitos para visas, controles de antecedentes y medidas para la expulsión rápida de personas que cometan delitos.
PLATAFORMA ESTATAL PARA GESTIONAR LA CIUDADANÍA POR INVERSIÓN
El decreto crea una estructura específica para gestionar estas nuevas solicitudes: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este organismo, descentralizado dentro del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la evaluación técnica inicial de las propuestas de inversión presentadas por los solicitantes. }El Ministerio definirá los parámetros que determinarán qué inversiones se consideran “relevantes” para iniciar el trámite de ciudadanía, como el monto mínimo a invertir o los sectores productivos prioritarios.
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Una vez presentada la documentación, la Agencia verificará la validez y alcance de la inversión. Si cumple con los requisitos, remitirá la solicitud a otros organismos para continuar con un riguroso proceso de evaluación.
Entre las entidades involucradas figuran el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Cada uno realizará un análisis que incluye antecedentes penales, antecedentes financieros y aspectos vinculados a la seguridad nacional.
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Foto: Cocuzza
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La coordinación entre estas instancias busca no solo facilitar el ingreso de capitales, sino también asegurar que los beneficiarios sean personas con probidad y sin riesgos para el país.
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Según lo establece la normativa, cuando la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión recibe los informes favorables de las entidades de control, eleva un informe fundamentado a la Dirección Nacional de Migraciones, que es la autoridad final encargada de expedir la resolución administrativa. La Dirección Nacional de Migraciones cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para dictar una resolución motivada que otorgue o rechace la ciudadanía.
En los casos donde la inversión no se considere relevante o alguno de los organismos consultados detecte un motivo para rechazar la solicitud, se consignarán estas observaciones en el informe y la solicitud será propuesta para el rechazo. Este criterio busca garantizar que la nueva ciudadanía no sea concedida de forma automática ni arbitraria, sino en estricta conformidad con las normativas vigentes y la seguridad nacional.
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Adicionalmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue instruida para ajustar sus sistemas y posibilitar que quienes obtengan la ciudadanía por inversión puedan tramitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), un requisito clave para operar legalmente en el mercado económico argentino.
El Decreto 524/2025 complementa la modificación introducida por el Decreto 366/2025 a la histórica Ley de Ciudadanía N° 346, incorporando la figura del “ciudadano por inversión”, lo que representa un modelo innovador en la legislación migratoria argentina. Quienes accedan a esta vía podrán solicitar la ciudadanía sin tener que cumplir previamente con los años mínimos de residencia que hasta ahora eran indispensables.
Con esta iniciativa, el Gobierno persigue atraer inversiones en sectores estratégicos y de alto impacto, promover el desarrollo productivo y tecnológico, además de fortalecer un enfoque migratorio que articula apertura económica con defensa de la seguridad nacional y el orden público.