Lo que iba a ser contra viento y marea el próximo 11 de agosto, finalmente, no será. La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que el Gobierno Nacional había establecido como meta para el distrito más caliente, Comodoro Py, será prorrogado.
En un comunicado en el que, entre líneas, le echa la culpa a la falta de preparación de los fiscales federales para implementar el sistema acusatorio, el Ejecutivo anunció la postergación para después de las elecciones, y la fijó para el 10 de noviembre próximo. Alimentó la furia de los fiscales federales que percibieron como traumático todo el proceso, hasta ahora, y lo adjudican a movimientos políticos que involucran al propio Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona al que no ven con futuro dentro del Gabinete.
Por redes sociales y en la cuenta del Ministerio de Justicia, el Gobierno plasmó parte de lo que había quedado sobre la superficie: no había planificación, recursos ni hoja de ruta lo suficientemente preparada para hacer desembarcar el acusatorio en Retiro, la jurisdicción más caliente en términos de sensibilidad política.
Los tironeos entre el Gobierno, el procurador interino Eduardo Casal, todos los fiscales federales que firmaron notas, la Corte Suprema y los jueces había derivado en una tensa calma a la espera de que se avance con la fecha como se pudiera. El anuncio de este viernes, sorprendió a varios. Por la nueva fecha y por los argumentos. Algunos le vieron un costado positivo: «por lo menos logramos que reflexionen quienes no están acostumbrados a hacerlo», deslizaron ante Ámbito.
En el texto oficial considera «irreversible» la transformación iniciada para Comodoro Py y que cuentan con «recursos suficientes» -algo que todos los agentes del sistema consideran falso en cuanto a presupuesto y recursos humanos-, y deslizaron argumentos de «privilegios y excusas corporativas» a las resistencias.
La cartera que conduce Cúneo Libarona se golpeó el pecho respecto a la «asistencia técnica y financiera e institucional» que brindaron frente a la «desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial» con respecto a la celeridad que impone el sistema acusatorio frente al actual.
«Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla con una ley vigente hace más de una década», señaló el comunicado. Pero a párrafo seguido, responsabilizaron de la demora al Ministerio Público Fiscal, cuya cabeza es Casal pero que de forma inédita había alineado tras de sí a todos los fiscales federales (de distintas extracciones y en la práctica muchos de ellos enfrentados entre sí) para mostrar que estarían imposibilitados de aplicarlo eficientemente y que toda la reforma iba camino a un fracaso que los iba a tener como cabeza visible.
Pero lo que más desató la furia de los fiscales fue el argumento que utilizó Cúneo Libarona: para su ministerio, los reclamos fueron por «falta de preparación suficiente para investigar casos complejos». Fue una daga que impactó directo entre los fiscales que -consultados por Ámbito- se indignaron con la frase y enumeraron no solo investigaciones históricas complejas como el caso IBM, Armas o los recientes Cuadernos y otras muchas que fueron públicas, la más visible, últimamente, Vialidad, con la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema. La furia era total.
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Prórroga de tres meses para el nuevo Código Procesal Penal
Según Cúneo Libarona, la prórroga de tres meses tiene como objetivo «remover obstáculos políticos y corporativos» que estarían enquistados en Comodoro Py, tendiendo un manto de sospecha que tendrá una respuesta por parte de los fiscales, para quienes el comunicado es indigerible y una falta de respeto hacia las causas que llevaron adelante hasta ahora.
La mayor parte de los jueces de Comodoro Py estaban alineados con el Gobierno, inclusive los integrantes del Consejo de la Magistratura, que fue uno de los protagonistas para financiar una lavada de cara para adaptar las salas de audiencias del edificio de Retiro y trataba de acelerar la puesta a punto con la infraestructura existente. El Gobierno anunció la cesión de terrenos en la ex ESMA para garantizar espacio físico para el Ministerio Público Fiscal, pero tal como reveló este medio, ni siquiera se había perfeccionado la cesión del terreno, lo que hacía imposible planificar qué dependencias se podían llegar a mudar allí. Todo fue muy friccionado. La sorpresa, en plena feria judicial, fue total.
Una segunda lectura admite la chance de que hayan sido los fiscales lo que vienen ganando la pulseada pero el enfrentamiento y la ruptura que ya se hacía carne entre un sector de la justicia y Cúneo Libarona ahora parece ser absoluta. Como con el anuncio de implementación original, el Poder Judicial y los fiscales se enteraron por las redes sociales. La sorpresa quedó mezclada con la indignación.
En esa segunda lectura -con mayor dosis de especulación- aparece un factor ineludible: la fecha. Luego de las elecciones de octubre y de acuerdo al resultado, pueda existir una reconfiguración del mapa político y con él, un nombre propio para la Procuración General, el cargo más importante para el nuevo sistema acusatorio, con acuerdo del Senado que relance el proyecto de hacer desembarcar el acusatorio en Py.
En Argentina, tres meses es una eternidad.