El director del INTA Esquel, Nicolás Nagahama, expresó su preocupación por los alcances del decreto que modifica la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), centralizando su funcionamiento y limitando su autonomía.
Según explicó en diálogo con Radio Chubut, el decreto modifica artículos fundamentales de la ley que rige el funcionamiento del organismo, dejando el manejo del INTA en manos de un presidente designado, lo que implica el desarme del directorio y del esquema colegiado de toma de decisiones. «Esto significa una pérdida de autonomía. El INTA deja de ser un organismo autárquico para transformarse en uno dependiente del gobierno de turno», advirtió Nagahama.
Uno de los puntos más sensibles es la redefinición de cómo y dónde se decide el desarrollo de proyectos. Hasta ahora, el Consejo del Centro Regional Patagonia Sur —que integra representantes del sector público y privado— decidía las prioridades para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con la nueva estructura, esas decisiones pasarán a Buenos Aires, lo que genera incertidumbre sobre la pertinencia territorial de las futuras acciones del instituto.
En cuanto al financiamiento, aún no hay certezas. “No hay novedades sobre los fondos. Está todo en espera de las directivas de los programas, que también cambiarán”, dijo Nagahama, quien aclaró que los nuevos lineamientos estarán vinculados a las temáticas definidas desde el nuevo esquema centralizado.
Desde el punto de vista laboral, por ahora no hubo despidos en el INTA, aunque sí se dejaron sin efecto algunos contratos antes de la entrada en vigencia del decreto. “Sinceramente no se sabe qué va a pasar con la estructura y con los empleados. Uno esperaba que, para tomar decisiones de este tipo, se hiciera una evaluación o auditoría previa. Nosotros también queremos transparencia y eficiencia, pero esperábamos un análisis profundo antes de avanzar con una modificación de esta magnitud”, remarcó el director.
El decreto de reestructuración fue presentado el martes y ahora debe ser tratado por la Comisión Bicameral en un plazo de diez días. Solo puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso votan en contra.
Nagahama cerró con una reflexión: “Nos enfrentamos a un INTA distinto al que conocíamos, con una estructura menos federal y con menos voz para los territorios”.
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