Este martes se realizó la audiencia de revisión y constitución de querellante por el homicidio de Maximiliano Cifuentes (21), ocurrido el 1 de enero pasado en barrio Laprida.
El fiscal Cristian Olazabal solicitó que se mantenga la prisión preventiva de Roberto Alejandro Romero (33) hasta la finalización del plazo de investigación, el próximo 3 de julio, mientras el defensor particular, Guillermo Iglesias, se opuso y solicitó su libertad con presentaciones y prohibición de ingreso al barrio Laprida.
La decisión del juez Mariano Nicosia fue la de mantener la prisión preventiva que cumple el imputado hasta el próximo 3 de julio.
En un primer momento se trató la constitución de querellante por parte de la madre de la víctima, representada por Juan Carlos Smith, con la conformidad de la fiscalía y de la defensa.
Seguidamente el fiscal requirió el mantenimiento de la medida de coerción que cumple el imputado Romero en base a los elementos de convicción existentes para tenerlo como probable autor del hecho, por la gravedad del mismo y la pena en espera, que en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo. “Existe la presunción que no se someterá a proceso ya que luego del allanamiento la ropa había sido lavada. Es decir, ha sido idónea la medida de coerción hasta ahora y cualquier medida morigerada podría perjudicar la investigación”, argumentó el fiscal Olazabal, quien estuvo acompañado por Florencia Do Carmo.
La querella coincidió con el análisis del fiscal, con la existencia de elementos de convicción suficientes para tener al imputado como probable autor del hecho, solicitando que continúe cumpliendo la prisión preventiva hasta el próximo 3 de julio en base a la existencia de los “peligros de fuga y entorpecimiento”.
En contraposición, el defensor solicitó la libertad de su asistido con presentaciones semanales y la prohibición de ingreso al barrio Laprida, donde sucedieron los hechos.
Pero para el juez Nicosia, “nada ha cambiado de las anteriores audiencias. Es más, se incrementó el caudal probatorio de la fiscalía para probar su caso y de la legítima defensa de terceros que invoca la defensa no parece haber nada hasta ahora”.