La estatización parcial de YPF en el año 2012 sigue provocando consecuencias judiciales que, de no cambiar la tendencia hasta ahora, obligaría al país a pagar una suma muy superior al valor actual de la petrolera de bandera.
Se trata de la demanda que entabló el fondo Burford, que se dedica a la compra de de derechos de litigios a empresas quebradas. Este fue el caso, ya que grupo Petersen se declaró en quiebra tras aquella operatoria, al argumentar que debió haber recibido una oferta por parte del Estado argentino, junto a otros accionistas minoritarios.
En rigor, el grupo de la familia Eskenazi había comprado el 25% de las acciones de la petrolera, en los años 2008 y 2011, mediante créditos que comprometió a pagar con dividendos de la misma compañía en la que estaba ingresando. El pago de esos créditos se interrumpió cuando el gobierno de Cristina Fernández, que había sido el mismo que facilitó el ingreso de los Eskenazi, estatizó el 51% de las acciones de la operadora, que hasta ese momento estaban en manos de la española Repsol.
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La estrategia de defensa del gobierno argentino, en los 3 gobiernos sucesivos a la estatización, se basó en apuntar a que la maniobra de ingreso del grupo Petersen había sido fraudulenta, rechazando además la jurisdicción de Estados Unidos para plantear el juicio.
En septiembre de 2022, la jueza Loretta Preska falló a favor de Burford, condenando a la Argentina al pago de un monto de 16.100 millones de dólares en concepto de indemnización, equivalente a más del triple de la cotización actual de YPF.
Enrique Eskenazi junto a Cristina Fernández
Foto: Presidencia de la Nación
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Un nuevo planteo que podría hacer ‘zafar’ del pago al país
En los últimos días, sin embargo, surgió una nueva presentación judicial, ante la misma jueza, que de prosperar podría hacer caer la condena en contra de la Argentina.
La presentación fue realizada por el abogado Fernando Irazu, de la ONG ‘Republican Action for Argentina’ (RAFA), que básicamente planteó una demanda penal, por fraude, contra Cristina Fernández y Enrique Eskenazi, acusándolos por la maniobra presuntamente irregular en la que el grupo empresario argentino había ingresado a la petrolera.
La jueza Preska hizo lugar a la presentación y corrió traslado a las partes, por lo que se esperaba que este martes 25 de febrero, el gobierno argentino formulara su presentación, argumentando su postura para deslindarse de la obligatoriedad del pago de la cifra, que podría ser motivo de embargos y otras sanciones.
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El abogado argentino tomó como fundamento una denuncia formulada por Elisa Carrió en el año 2006, en la que apuntaba a que se investigue una supuesta connivencia entre el matrimonio Kirchner y la familia Eskenazi, para bajar el precio de acciones de la compañía y luego posibilitar el ingreso de dicha empresa, lo que se concretó a partir del año 2008.
Foto: Leandro Monachesi
La investigación debía ser llevada adelante por un juez que en estas horas resuena como el candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo nombrado por decreto: Ariel Lijo.
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Si la jueza Preska hiciera lugar al planteo de RAFA, la condena contra la Argentina debería anularse, dejando de lado un monto cuya importancia es el segundo, en magnitud, detrás del préstamo tomado con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri, por 48.000 millones de dólares.
Con información de Chequeado y Clarín, redactada por un periodista de ADNSUR.