La avanzada del Gobierno contra las regulaciones que traban a la economía y limitan la actividad privada tiene un nuevo sector en la mira: la maquinaria agrícola. Entre la cartera que dirige Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y la que comanda Luis Caputo, ministro de Economía, tienen bajo análisis una norma de hace 30 años que impide la importación de maquinaria agrícola usada. La intención oficial es derogarla para permitirle a los productores agropecuarios y contratistas adquirir cosechadoras, tractores o pulverizadoras del exterior para bajar los costos.
La iniciativa aperturista, sin embargo, no está exenta de polémicas. Especialmente por parte de los fabricantes nacionales de maquinaria que, argumentan, les podría provocar la pérdida de competitividad, una caída de la demanda interna y un atraso en el desarrollo tecnológico de la industria nacional. Además, afirman, podrían ingresar hongos y plagas exógenas, que impactarían negativamente en la producción agrícola.
De esta forma, el gobierno de Javier Milei estaría evaluando abrir una ventana a las importaciones de maquinaria usada como parte de su agenda de reformas que lleva adelante. Pese a las reiteradas consultas de LA NACION, desde el Ejecutivo no confirmaron oficialmente esta medida. Sin embargo, según pudo conocer este medio de fuentes de la Casa Rosada, entre los objetivos que tendría el gobierno serían bajar los aranceles y las restricciones de la maquinaria agrícola local, que limita la capacidad de inversión de los productores. Al permitir la importación de maquinaria usada, se podría generar una baja en los precios de las máquinas nuevas debido al aumento de la competencia.
La idea comenzó a generar ruido desde fines del año pasado en la industria, cuando tomaron conocimiento de la iniciativa y alertaron de que la apertura de este mercado podría, entre otros factores, ocasionar un impacto en las empresas nacionales. En la Argentina, la importación de maquinaria agrícola usada del exterior está estrictamente regulada desde la implementación del Certificado de Importación de Bienes de Capital (CIBU) en 1994. Este instrumento, creado bajo la Resolución 909/1994 del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, establece un complejo mecanismo de autorización que involucra a la Secretaría de Comercio, la industria nacional y el importador. Se hizo para proteger la industria nacional y evitar la entrada indiscriminada de maquinaria usada desde el extranjero.
El primer indicio de apertura lo vieron a finales de diciembre de 2024, cuando Maximiliano Matías Narciso Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, en un programa de radio hizo referencia a la “prohibición” que establece el mencionado CIBU sobre la incorporación de tecnología con dos o tres años de antigüedad. Según mencionó el funcionario en esa oportunidad, en dos o tres semanas habría novedades sobre estos bienes de capital usado.
Si bien esto beneficiaría a contratistas y pequeños productores que no pueden afrontar los altos costos actuales, este cambio, deslizaron en la industria, se tiene que evaluar con cautela para evitar la introducción de plagas u hongos exógenas de las existentes en la Argentina, que podrían en desventaja al sector agrícola. Otro de los condicionantes también sería la falta de garantías o servicios técnicos de la maquinaria en el país.
Luis “Fredy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), dijo a LA NACION que una apertura de las importaciones podría ser funcional para el sector, ya que el 99% de la maquinaria que se usa en el país, pasó por Estados Unidos. “No creo que se pueda [aprovechar] en sembradoras, porque hacen otro tipo de labranza. Puede llegar algo de Brasil que es parecido a la Argentina, en fumigadoras y cosechadoras es similar y puede ser totalmente funcional”, precisó. Agregó que esto podría ser oportuno para el mercado, que si bien está bajando los precios, tendrían que reducirlos aún más. “No es un tema de los concesionarios, sino de la gran cantidad de impuestos que tienen”, acotó.
El CIBU, dispuesto por Cavallo, obliga a los importadores a obtener un permiso que depende de la verificación de la capacidad local de provisión. Si alguna empresa nacional puede fabricar el bien requerido, se niega la autorización para importar. Además, en caso de que un productor argentino logre traer maquinaria usada del exterior, la normativa prohíbe su venta hasta que haya cumplido su vida útil, lo que generalmente se traduce en un máximo de 10 años.
El esquema impositivo también tiene un impacto significativo en el mercado. Para importar maquinaria agrícola nueva o usada, los costos incluyen un arancel de hasta el 35% si proviene de fuera del Mercosur, además de un doble IVA (10,5% sobre la importación y otro 10,5% al vender en el mercado interno). Sumado a otros gravámenes, como el anticipo de Ganancias y los costos logísticos, en la industria estiman que los costos totales alcanzan un 47% del valor del producto. En la industria resaltaron que enfrentan retrasos acumulativos en la devolución de saldos técnicos de IVA, por lo que también agrava la situación financiera de los fabricantes locales.
Santiago del Solar, productor agropecuario y exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, recordó que también es fundamental eliminar arancel de importación para la maquinaria agrícola nueva. “El mercado de la maquinaria agrícola es cautivo en la Argentina. Estamos protegiendo una industria que no funciona, la distancia de tecnología de un ensamblado de un tractor acá y la del ensamblado en Estados Unidos o la Unión Europea está a años luz”, precisó. En Uruguay está permitida la importación de la maquinaria agrícola usada.
Si se bajan los aranceles de importación extraMercosur o los de Mercosur bajarían los costos. De acuerdo con los datos de la industria, los derechos de importación para bienes de capitán extra zona rondan el 12,6%. En tanto, para los de origen Mercosur con certificado de Origen, en un 0%. “Tenemos la soja más barata del mundo contra la maquinaria agrícola más cara del mundo. Con el solo hecho de permitir importar algunos tractores o cosechadoras usadas producen una baja de precios. Los costos que tenemos son altísimos y los contratistas están entre dos fuegos, por un lado, el productor no puede pagar los servicios a lo que valen, porque lo que hacen es soja, trigo y maíz con retenciones que no puede pagar, pero el contratista compra la maquinaria más cara del planeta. Esto afecta no solo al sector productivo, sino al servicio que no puede acceder a la maquinaria y no puede cobrar las tarifas”, resumió.
Los productores sostienen que esta medida podría reducir significativamente los costos. El mercado argentino de maquinaria es considerado “cautivo”, con precios elevados y tecnología que, en muchos casos, está rezagada respecto de otros países. En la industria resaltaron a LA NACION que la importación de maquinaria usada podría poner en riesgo la sostenibilidad de la industria local y aumentar la competencia desleal debido a los menores costos internacionales.
En una carta que envió la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo en diciembre pasado, expresaron su preocupación por el tema sanitario, ya que la maquinaria usada podría introducir plagas o enfermedades al país. Además, resaltaron los distintos aspectos del CIBU, “para entender el contexto en el que se estableció”.
Cafma advirtió al Gobierno que “la importación de maquinaria usada sin una correcta verificación fitosanitaria podría tener impacto tanto en la productividad agrícola del país como en la estabilidad macroeconómica del mismo y en la salud de los argentinos”. En ella indicaron que el ingreso de maquinaria usada impactaría directamente de manera distorsiva si se tiene en cuenta la situación actual del sector industrial local, donde el esquema impositivo representa uno de los mayores elementos de incidencia en los precios.
Además, advirtieron “la posibilidad de sobrefacturación de los bienes usados importados, dada la falta de referencia de precios”, por lo que podría derivar eventualmente en prácticas de extracción de divisas sin interés por la eficiencia productiva local.
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