Gobierno promulga ley que extiende el Reinfo por seis meses, a pesar de pedidos de reformarla

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El Gobierno inicialmente presentó la propuesta de la Ley MAPE – crédito Andina

El Gobierno publicó la ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un plazo de seis meses, a pesar de que diversos especialistas hicieron un llamado a reformar la normativa que haber sido utilizada por mineros ilegales para continuar operando.

La normativa, oficializada en el diario oficial El Peruano, crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), con el objetivo de “supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal”.

Se establece, además, que deberá estar interconectado entre las entidades del Estado para “facilitar la identificación de incumplimientos y asegurar la formalización efectiva de las actividades”.

La norma entrará en vigencia desde este sábado 28 de diciembre. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, deberá elaborar el reglamento en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Mineros artesanales reclamaban la ampliación del Reinfo por un año. Protesta duró más de una semana. (Foto: Swissinfo)

En noviembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocido como Ley MAPE, había informado el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

Esto marcó el inicio de un proceso que busca reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia iba a finalizar el próximo 31 de diciembre.

Esta norma tiene como objetivo principal establecer un marco normativo renovado que fomente la formalización de los mineros artesanales y pequeños mineros. Este sector, que ha enfrentado históricamente problemas de informalidad y falta de regulación, se beneficiará de procedimientos simplificados que buscan mejorar las condiciones laborales, reducir el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles en la actividad minera.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementado en 2017, ha sido objeto de críticas debido a su baja efectividad. Según datos de la consultora Videnza, de los cerca de 90.000 mineros inscritos en el programa, solo el 2% logró formalizarse. Además, se ha señalado que el registro fue utilizado de manera inadecuada, facilitando el avance de la minería ilegal en diversas regiones del país. Este contexto ha generado la necesidad de un cambio estructural en la regulación del sector, lo que ha llevado al desarrollo de la Ley MAPE.

Mineros artesanales reclamaban la ampliación del Reinfo por un año. Protesta duró más de una semana. (Foto: CN

El ministro Mucho destacó que la nueva normativa busca corregir las deficiencias del Reinfo mediante un enfoque más integral y efectivo. Según explicó en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el proyecto de ley incluye disposiciones específicas para fortalecer las capacidades de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, que serán las encargadas de liderar los procesos de formalización.

Uno de los aspectos clave de la Ley MAPE es el fortalecimiento de la supervisión y fiscalización de las actividades mineras. Para ello, se contempla la participación activa de los gobiernos regionales y de organismos especializados como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Estas entidades tendrán un rol fundamental en garantizar que las operaciones mineras cumplan con los estándares legales y ambientales establecidos.

Rómulo Mucho subrayó que la ley también busca regular prácticas que actualmente no están controladas, lo que contribuirá a reducir los riesgos asociados a la minería informal e ilegal. Este enfoque integral pretende no solo mejorar las condiciones del sector, sino también proteger los ecosistemas afectados por actividades mineras no reguladas.

El exministro terminó siendo destituido de su cargo por el Congreso de la República, supuestamente por malos manejos en su sector, aunque especialistas atribuyen esta decisión a sus esfuerzos por cambiar el proceso de formalización minera, la cual, finalmente, no sufrió modificaciones significativas.

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