Caracas, 8 nov (EFE).- El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) exigió este viernes al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la liberación «inmediata» de sus 34 miembros que -denuncia- están detenidos, así como del resto de «presos políticos».
En una nota de prensa, PJ aseguró ser «el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos», entre los que nombró al exalcalde de Maracaibo -estado Zulia (noroeste)- Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre por una supuesta trama de corrupción en la que el Gobierno también vinculó a Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía, aprehendido en septiembre.
Ambos opositores respaldaron la candidatura del líder de la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, un resultado señalado como fraudulento por este sector del antichavismo, que reclama el triunfo de su abanderado.
Primero Justicia exigió la liberación de los 1.958 «presos políticos» que, de acuerdo al cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, hay en el país, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, entre ellos, 69 menores de edad, con edades de 14 a 17 años, siempre según la ONG.
Esas cifras, prosiguió PJ, reflejan «la represión desatada en respuesta a las manifestaciones en todo el país, donde los venezolanos exigían respeto a la voluntad popular expresada» en los comicios.
La formación denunció también que el «régimen de Maduro persigue tanto a líderes de oposición como a defensores de derechos humanos y miembros clave de la sociedad civil», y mencionó a los activistas Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y Rocío San Miguel, aprehendida en febrero de este año.
Además, el partido urgió al Gobierno a cesar «la persecución» y garantizar los derechos de «cada uno de los presos políticos», a la vez que pidió a la comunidad internacional seguir «registrando y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos» en el país caribeño. EFE