Con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención queda aprobado el proyecto de ley de financiamiento de universidades nacionales. Se trata de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Desde el bloque Cambio Federal anunciaron disidencia en algunos puntos del texto y propusieron la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, todos fueron ratificados con dos tercios de los votos.
El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación. Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados.
De acuerdo a la norma, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
Otro de los artículos busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.
Oposición en armonizada
Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, inició.
El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes”.
Respecto a los números actuales del presupuesto de las casas de altos estudios, afirmó que “están funcionando con la mitad”, y sumó: “El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”. En esa línea, cuestionó la no prorrogación del Fonid.
Por otro lado, criticó que “se frenaron todas las obras del sistema universitario”, y se refirió a las Becas Progresar: “Los estudiantes cobran 20.000 pesos para viajar, comprar libros y comer”. “El Gobierno tiene que escuchar esta realidad y tomar nota por la marcha de estudiantes universitarios de nuestro país”, cargó.
Por último, De Pedro sostuvo que este proyecto “en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”. “Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI”. “Queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, concluyó.
El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.
Mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto actual y explicó que “a los salarios docentes les pasó esto, pero peor porque el Gobierno agarró un billete de 100 y se lo dejó en 70, ya que no se le reconoció (al personal docente y no docente) la inflación del 25 y el 20% de diciembre y enero”.
Con relación al sistema universitario, sintetizó que aportan “valores y crecimientos para nuestro país”, y cuestionó que la educación, las jubilaciones y la obra pública no hayan estado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “¿No hay libertad para los jóvenes para construir un futuro? La inversión en universidades es del 0,14% del PBI -equivalente a 740.000 millones de pesos- y con el Blanqueo se pronostican 40.000 millones de dólares”.
El senador santacruceño José Carambia destacó que “todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envió un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás”.
El senador salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto positivo al proyecto “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”.
“La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.
“Debemos preocuparnos de la calidad educativa”, enfatizó, para agregar que habrá que ver en materia de resultados la cantidad de egresados. Asimismo consideró que “fue un error crear más universidades”, lo cual representó una “duplicación de oferta, en algunos casos unas cerca de otras”.