El jueves 11 de abril, la Justicia argentina se refirió al atentado a la AMIA y la embajada de Israel, y señalaron como responsables a Irán y al grupo terrorista Hezbollah. Así lo indicaron durante un fallo, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma de la Cámara Federal de Casación Penal.
Cabe recordar que el atentado a la embajada de Israel ocurrió en marzo de 1992, en la oficina ubicada en Retiro, Buenos Aires. Por el hecho murieron 22 personas. Por otra parte, el ataque a la sede de la AMIA, sucedió el 18 de julio de 1994 y tuvo 85 víctimas fatales.
El fallo se dio en el marco de la revisión del expediente que investigó el encubrimiento de la investigación inicial y de la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido de la causa. En este marco, revelaron no existen pruebas suficientes para vincularlo a la organización del crimen.
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En la sentencia, los jueces añadieron una definición respecto al derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. De esta forma, contempla la posibilidad de que puedan demandar a los responsables, incluyendo al Estado Islámico de Irán.
Asimismo, los jueces determinaron que el atentado a la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad”, otorgando la posibilidad para que Argentina presente una demanda formal contra Irán. En tanto, durante el fallo remarcaron que el ataque a la AMIA estuvo planeado y ejecutado por miembros de organizaciones que reportan funcional e ideológicamente a un Estado, como Hezbollah.
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Por otra parte, la sentencia solicita a los jueces responsables de los casos relacionados, que aún están en proceso y que guardan distintas conexiones con el atentado, instándolos a avanzar con mayor rapidez en su resolución. Además, presionan al ejecutivo y al poder legislativo para definir rápidamente políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia y la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo.
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En un pronunciamiento adicional, la Cámara ratificó la mayor parte de las sentencias por las serias irregularidades ocurridas al comienzo de la pesquisa, ajustando las penas en determinadas circunstancias y variando el tipo de delito en otros casos. En tanto, el ex juez Galeano recibió cuatro años de prisión, mientras que los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia recibieron dos años de cárcel.